El contexto de la Antártida antes de 1959 era uno de relaciones tensas entre las siete naciones que hacían reclamos territoriales y de soberanía en la Antártida y de otras que exigían y justificaban su presencia en ese continente. La Segunda Guerra Mundial había dejado un mundo de hegemonía bipolar dividido en dos bloques antagónicos y un grupo de países que no se alineaba con ninguno de esos dos bandos. Detrás de esto estaba el temor de un conflicto político intenso por el traslape de los reclamos territoriales de Argentina, Chile y el Reino Unido, así como el temor de los países occidentales por la sospecha de que el anuncio de la URSS de mantener operativa la base de Vostok, abierta para las investigaciones del AGI en territorio reclamado por Australia, podría significar la intención de hacer reclamos territoriales posteriores. Lo que más asustaba a los países occidentales era la posibilidad de que la URSS utilizara ese espacio para hacer pruebas nucleares e instalar plataformas para el lanzamiento de misiles balísticos transcontinentales (Pinochet de la Barra, 10 de octubre de 1991).
Como se mencionó antes, los investigadores que participaron en expediciones a la Antártida durante el AGI disfrutaron de una moratoria de tensiones políticas y de la posibilidad de compartir recursos, infraestructura y datos. Tener esas condiciones no solo facilitó el trabajo de investigación y la logística de campo, sino que permitió también la interacción personal entre científicos de muy opuestos regímenes políticos. El éxito de las exploraciones en la Antártida durante el AGI y la camaradería establecida entre los científicos, incluso de países “enemigos”, los motivó a solicitar a sus respectivos gobiernos extender la moratoria para la investigación en la Antártida (Encyclopaedia Britannica, 2015).
Fue así como los EE. UU. aprovecharon el contexto de relajación de tensiones políticas y la diplomacia científica del momento alrededor del tema antártico, para convocar a la Conferencia Antártica. Esta conferencia, en la que participaron los 11 países que realizaron investigaciones en la Antártida, incluyendo los 7 países con reclamos territoriales, más Suráfrica, inició el 15 de octubre de 1959 y finalizó el 1 de diciembre del mismo año, con la firma del Tratado Antártico (TA). Dicho tratado entró en vigor el 23 de junio de 1961 luego de su ratificación por parte de las 12 naciones signatarias; para agosto del 2022, 43 naciones más se habian adherido al mismo.
Con el Tratado Antártico, esas 12 naciones signatarias acordaron, entre otros asuntos (Tratado Antártico, 1959), que la Antártida se utilizaría exclusivamente para fines pacíficos; que se mantendría la libertad de investigación científica y la cooperación según se realizaron durante el Año Geofísico Internacional; que no se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliaran las reclamaciones anteriormente presentadas, mientras el Tratado esté en vigencia; y que queda prohibida toda explosión nuclear y la eliminación de desechos radiactivos en la Antártida.
A la fecha, Costa Rica es la última nación en ser parte del Tratado. Para este propósito, a la Asamblea Legislativa de este país, fue presentado el Proyecto de Ley bajo el expediente legislativo N°22203, el 26 de abril de 2022. Este proyecto fue aprobado y se convirtió en la Ley N°10266, “Adhesión al Tratado Antártico” y fue firmada por parte del presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, el día 6 de mayo de 2022.
Existen tres categorías de miembros adscritos al Tratado Antártico:
1) Los signatarios, que son los doce Estados que inicialmente firmaron el Tratado en 1959 (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, EE. UU., Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Rusia).
2) Los miembros consultivos, que son, además de los signatarios, aquellas naciones que se han adscrito al Tratado y que realizan investigación activa en la Antártida (Alemania, Brasil, Bulgaria, China, Corea RDC, Ecuador, España, Finlandia, India, Italia, Países Bajos, Perú, Polonia, República Checa, Suecia, Ucrania y Uruguay).
3) Los miembros no consultivos que se adscribieron al Tratado en todos sus términos, pero no realizan investigación activa (Austria, Belarús, Canadá, Colombia, Corea RDPC, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Grecia, Guatemala, Hungría, Islandia, Kazajistán, Malasia, Mónaco, Mongolia, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Portugal, República de Eslovaquia, Rumania, Suiza, Turquía y Venezuela).
Todos los miembros signatarios son consultivos. El primer país en adscribirse al TA, en junio de 1962, tan solo un año después de haber entrado en vigor, fue Checoslovaquia; sin embargo, no adquirió el estatus consultivo sino hasta abril de 2014, como República Checa.
La República Checa es a su vez el último país en adquirir ese estatus consultivo, luego de 10 años en que no se aceptaron miembros consultivos (Ucrania había sido el anterior en el 2004 y había sido también el último de los miembros consultivos en adherirse al TA). Esto, en alguna forma, enviaba un mensaje sobre el endurecimiento de los requerimientos para entrar a formar parte del selecto clan de países con poder pleno decisorio sobre los asuntos antárticos.
Dinamarca es el miembro no consultivo con mayor tiempo de permanencia en el TA; se adscribió en mayo de 1965. Desde que inicié mi tesis de maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia, en el 2015, solo cinco países más se han adscrito al TA: Islandia, Kazajistán, Mongolia, en el 2015, Eslovenia en el 2019 y Costa Rica en el 2022.
De los 29 miembros consultivos, 20 cuentan con estaciones permanentes de investigación (que operan todo el año) en la Antártida. De estos, 4 son países latinoamericanos, a saber: Argentina, con las bases Belgrano II, Esperanza, Carlini, Marambio y San Martín; Brasil con la base Comandante Ferraz; Chile con las bases Escudero, Frei, O’Higgins y Prat; y Uruguay con la base Artigas. Ecuador y Perú también operan bases en la Antártida, pero solo durante el verano austral (Pedro Vicente Maldonado y Machu Picchu, respectivamente). Argentina y Chile también cuentan con otras bases que operan solo durante el verano austral. Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala y Venezuela son los otros países latinoamericanos que se adscribieron al Tratado, en calidad de miembros no consultivos (Secretaría del Tratado Antártico, 2022).